Tomada de la cuenta de Twitter de Wambra Radio
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El pasado 17 de diciembre, el candidato presidencial por CREO, Guillermo Lasso, advirtió en su cuenta de Twitter que “la violencia en Morona es consecuencia de incumplir procesos de Consulta Previa”. Y añadió: “Se gastan una consulta popular contra un ecuatoriano por invertir capital en un banco en Panamá y usan toda la fuerza bélica para proteger la inversión de los chinos en Ecuador. La doble moral del trinomio Correa-Moreno-Glas”.

No es el único candidato que se ha manifestado en contra de los sucesos de los últimos días, en los que la Fuerza Pública ha reprimido a grupos indígenas de la comunidad shuar que se oponen a la extracción minera en San Carlos Panantza.

Al respecto, Mario Melo y Felipe Castro desarrollaron un análisis jurídico del estado de excepción en Morona Santiago, establecido mediante Decreto Ejecutivo 1276, del 14 de diciembre, y concluyen lo siguiente:

…la limitación de derechos y la movilización del personal de Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el marco del estado de excepción es una medida más lesiva que, además, puede contribuir al agravamiento de la situación de inseguridad que se pretende solucionar.

La explotación del proyecto, actualmente en etapa de exploración avanzada, está concesionada por 25 años a la empresa china Explorcobres S.A. (EXSA), que espera extraer 6,6 millones de toneladas de cobre que se encuentran en un área de 41.760 hectáreas.

Acción Ecológica ha expresado su opinión sobre el papel del Estado en este conflicto:

En el área de la Cordillera del Cóndor se ignoró la consulta previa a los pueblos indígenas y se impuso a rajatabla el primer proyecto para minería a cielo abierto, a pesar de que la Constitución propone construir el Sumak Kawsay que es, por condición, en armonía con la Naturaleza. Se omitió la aplicación del Mandato Minero que fue resolución de la Asamblea Nacional Constituyente y prohibía actividades como el proyecto Mirador, por afectar las fuentes de agua y por acaparar territorios para la minería. A pesar del reconocimiento de derechos para la Naturaleza ya hay afectaciones dramáticas: empiezan a drenarse lodos de color amarillo hacia los ríos,  hay muertes de peces y aparecen problemas  digestivos y de la piel sobre todo en niños que viven en la zona.

La CONAIE y la COFENAIE, en su declaración conjunta, coinciden con Lasso en que “es un conflicto generado y profundizado por el Estado al no realizar consulta previa, al militarizar inconstitucionalmente territorios indígenas, y no escuchar las propuestas de solución dialogada planteada por las organizaciones y actores directamente involucrados en el conflicto”.

Aunque no se puede afirmar que la violencia es consecuencia directa de incumplir los procesos de consulta previa, sí es cierto que este proyecto violó el derecho a la consulta, consagrado en el artículo 57.7 de la Constitución Ecuatoriana, en los artículos 6 y 15.2 del Convenio 169 de la OIT, y en el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

Al respecto, las organizaciones sociales de Nankints divulgaron un comunicado que, en lo medular, indica:

Son cientos y miles de hectáreas que están dentro de nuestro territorio y de los hermanos mestizos que han sido cedidas a empresas extranjeras para desarrollar proyectos mineros que no han sido socializados. Tampoco se ha hecho la consulta libre previa e informada que es un derecho que tenemos como pueblos originarios.

La empresa china ha comprado problemas y exigimos que se retire de la Cordillera del Cóndor, de Nankintza y de Tundayme.

Nuestra posición ha sido defensiva. Hemos respondido en defensa legítima frente al desalojo de agosto del presente año y a los ataque de la militarización creciente en nuestro territorio.

Además, también se habría incumplido el Mandato Constituyente Minero (No.6), del 18 de abril de 2008, que declara la extinción sin compensación económica alguna de las concesiones mineras que no hayan realizado los estudios de impacto ambiental o los procesos de consulta.

En 2008, Raúl Petsain, el entonces presidente del pueblo Shuar Arutam, compuesto de 5 asociaciones y 45 comunidades con 10.000 habitantes, remitió una carta dirigida a Ecuacorrientes S.A., Explorcobre S.A., Aurelian y Lowell Mineral Exploration S.A., en la que reafirmaba que el pueblo shuar “no abrirá las puertas para el ingreso a las empresas mineras transnacionales, sea cual fuera las consecuencias”, e instaba a que “si alguien logró entrar en este territorio, retírense en el plazo de 48 horas”, alertando de que “el incumplimiento de esta disposición acarreará serie de controversias y enfrentamientos de los cuales será muy lamentable la solución pacífica”.

Aunque el resultado de la consulta previa no es vinculante, hacer la consulta es una obligación constitucional, como recuerda la abogada María Dolores Miño, especialista en derechos humanos y directora del Observatorio de Derechos y Justicia. “Si no hubo un proceso de consulta previa, es un quiebre de una obligación internacional. Esta obligación no se agota con consultar a un par de personas, tiene que visibilizar las consecuencias ambientales, sociales, para que puedan votar libres de coerción e informados”, advierte.

También la abogada Daniela Salazar, profesora de Derecho en la Universidad San Francisco de Quito, coincide en que “igual que en Sarayaku, la falta de consulta por parte del Estado favorece, por omisión, el clima de conflictividad, división y enfrentamiento” en la comunidad shuar.

En esa misma línea, el Colectivo Geografía Crítica ha publicado su Manifiesto en defensa del teritorio shuar y en el cual explica las razones de la conflictividad en la Cordillera del Cóndor, razones aupadas por el uso de la fuerza desde el Estado.

El Estado ecuatoriano ha generado violencia con el fin de entregar el territorio al capital, pretendiendo despojar del espacio de vida y de reproducción de la cultura a una nacionalidad que ha enfrentado históricamente la colonización para el saqueo de sus minerales. En noviembre de 2016, el pueblo shuar dio una llamada de atención a la sociedad ecuatoriana tomándose el campamento minera de la empresa china en Panantza. El Estado generó más militarización del territorio con contingentes de cientos de militares y policías llegados de todo el país. El enfrentamiento que actualmente está viviendo la nacionalidad shuar y los cuerpos de represión del Estado debe cesar para dar paso a una paz con derechos.

Mapa 1

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Fuente: Colectivo Geografía Crítica

LOS TRINOS DE LOS CANDIDATOS

En declaración a El Comercio, Zuquilanda señaló: “Los ataques con la fuerza pública, a miembros de la comunidad Shuar, constituyen agresiva violación a las Convenciones Internacionales y a la ley nacional sobre Derechos Humanos; coloca en riesgo político a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”.