La ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Ledy Zúñiga, afirmó, ante 84 delegaciones de los países miembros de las Naciones Unidas que “antes del Gobierno de Rafael Correa, el sistema penitenciario había colapsado. Al 2007 el hacinamiento era de más del 200%”. El dato es irreal.

La Secretaria de Estado arrojó la cifra como parte de su exposición, durante el Examen Periódico Universal (EPU) en que se evaluó la situación de los Derechos Humanos en Ecuador. El pasado 1 de mayo Zúñiga tomó la palabra para exponer las mejoras en el sistema carcelario ecuatoriano, parte del nuevo modelo de gestión que impulsó la Revolución Ciudadana. Pero la cifra que usó fue imprecisa.

En efecto. En 2007 la situación de las cárceles en el país era crítica. Pero es falso que la sobrepoblación en los centros de reclusión haya superado el 200%. En el documento de Rendición de Cuentas 2007-2011, de la Defensoría Pública, se registró que “en agosto del 2007 existía el 145% de hacinamiento carcelario (18.400 personas privadas de libertad (PPL) en centros de rehabilitación social con capacidad para 7.500 detenidos)”.

Posterior a la declaratoria de emergencia, los índices mejoraron. Es verdad que “con la reconstrucción y repotenciación de los centros de reclusión, el hacinamiento se redujo a 0,24% en 2014; a 1.72% en 2015 y al 22% en 2016”. Según la Ministra, el año pasado la cifra se incrementó por efectos del terremoto (ver gráfico).

De acuerdo a un informe publicado en abril de 2016 por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), en los últimos cinco años el sistema carcelario en el Ecuador registró una transformación sin precedente como resultado del nuevo modelo de gestión penitenciaria aplicado en los 53 centros de rehabilitación que operan en el país. Sin embargo, para el CDH, la realidad actual de las cárceles no llena la ambiciosa aspiración del nuevo modelo gubernamental. “Todo lo contrario, asistimos a un progresivo de alejamiento de la población carcelaria del resto de la sociedad como expresión de la política pública de máxima seguridad en el nuevo régimen penal”, se expone en el análisis.

Por ejemplo, la Cárcel Regional o La Roca construida en 2012 por el Gobierno de Rafael Correa fue habitada desde el 5 agosto del 2013 por 108 reclusos, entre ellos “los más buscados”, trasladados desde la antigua Penitenciaría  del Litoral. Para delinear el perfil de este centro carcelario, el ministro de Seguridad, Homero Arellano, dijo que “las visitas se convierten en privilegio que deben ganarse los internos, cumpliendo ciertas condiciones establecidas en el nuevo régimen”. De acuerdo al Comité, posteriormente, durante meses se registraron quejas por la incomunicación de los reclusos, debido al sistema de visitas dispuesto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del sitio web.

Según información de dicha Cartera de Estado, el interno debe elaborar una lista de máximo 10 personas. En cada visita se permite el acceso de dos adultos o uno con un joven mayor de 13 años.

“El panorama en las cárceles ecuatorianas deben ser cotejadas con las garantías que promueven las Reglas de Mandela y otras obligaciones en materia de Derechos Humanos, relacionadas a las visitas y trato a familiares, la salud de los reclusos, el contacto con el mundo exterior y el monitoreo de organizaciones de sociedad civil”, recomienda el informe del CDH. La institución concluye que las restricciones que sufren los organismos de Derechos Humanos en el Ecuador no permiten tener registros independientes de la situación de la población carcelaria, comunicación efectiva para la verificación expedita de casos y fortalecer procesos de capacitación permanente a los funcionarios.