Sí, Ecuador es el país que acoge al mayor número de refugiados en América Latina, tal como lo expuso el pasado 1 de mayo Guillaume Long. El Canciller lideró la delegación de Ecuador ante su Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo del Consejo de Derechos Humanos con el objeto de mejorar la situación en cada uno de los países miembros de la ONU.

De acuerdo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en Ecuador se encuentra la mayor población refugiada de América Latina (ver gráfico). En números, se traduce en 60.253 personas que huyen de su país a causa de un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social y que no puedan o, a causa de dichos temores, no quieran acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país de residencia habitual, no puedan o, a causa de dichos temores no quieran regresar a él.

Los refugiados, según ACNUR, también son quienes huyen de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los Derechos Humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. En ese contexto, en Ecuador, el 98% son personas que huyen del conflicto armado interno de Colombia.

Sin embargo, Giovanna Tipán, experta en Derechos Humanos y migración, enfatiza en que no es una cuestión de números. “Ecuador no hace protección internacional”, afirma, en referencia al acompañamiento que el país de acogimiento deberá otorgar, en consonancia con los estándares internacionales. Esto quiere decir que Ecuador está en obligación de proteger, ofrecer seguridad, garantías para una vida digna, a quienes otorga el estatus de refugiado. “Aquí (Ecuador) tienen las mismas condiciones que un inmigrante. De hecho, hay más estigma en torno a esa situación”, añade Tipán.

En ese sentido, muchos de los refugiados prefieren optar por la Visa Mercosur –de entrega inmediata y de un costo de 30 dólares para colombianos- que por el carnet de refugio. La obtención de ese documento puede demorar hasta cinco años y debe cambiarse cada tres meses.

El Gobierno de Ecuador se vale del argumento que no ubica a los refugiados en campamentos, como sucede en países de Europa. En estricto sentido, en dichos espacios estas personas tienen garantizado un techo y raciones alimenticias. En Ecuador, deben buscar vivienda y trabajo –al mismo tiempo que su estatus migratorio se convierte en un obstáculo-. Por eso es común verlos en el transporte público o en ventas informales en su intento por subsistir.