Rafael Correa aceptó que la decisión de explotar los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), en el Parque Nacional Yasuní, fue uno de los “momentos más duros” de su gestión. Lo hizo el pasado 20 de mayo, durante el último Enlace Ciudadano que dirigió. En esa ocasión, al repasar los hitos de su Gobierno, sostuvo que “se optó por invertir en el ITT, con extremo cuidado y tecnología de punta en una mínima parte del parque Yasuní”. Si bien es una declaración general, es posible ‘aterrizarla’ en la coyuntura y contexto actuales.

Hace siete días, el pasado lunes 15 de mayo, un grupo de más de 70 activistas del colectivo Yasunidos ingresó al Bloque 43, en el Parque Nacional. Su objetivo: verificar el ancho de vía y comprobar si, en efecto, se cumplió la oferta de abrir senderos ecológicos que minimicen el impacto de la intervención en el lugar más biodiverso del planeta. Cuando en 2013 se anunció la decisión gubernamental de explorar y explotar la zona, se dijo que dichas rutas medirían cuatro metros, aproximadamente. Sin embargo, la inspección – en la cual participaron lideresas amazónicas de las nacionalidades Waorani, Kichwa, Shuar- evidenció que el ancho y desbroce de la vía es siete veces más amplio que lo ofrecido.

 

El colectivo se encontró con una vía lastrada, similar a las que conducen a las operaciones petroleras tradicionales. “Lo que se constató en el Bloque 43 es que no existen senderos ecológicos. El discurso de la mínima huella queda en el aire, como propaganda publicitaria”, afirma Benito Bonilla, vocero de Yasunidos. El activista añade que en el proceso de exploración y explotación, al menos el 10% de la superficie del parque se ve afectada y sufre efectos.

¿A qué se refiere el Presidente saliente cuando afirma que se interviene en una “mínima” parte del Parque Nacional? La explotación petrolera en el Yasuní y sus alrededores se inició antes de que en 2013 la Iniciativa Yasuní ITT fracase. Ya para 2009, Petroamazonas asumió el bloque 31 –ubicado en el corazón del parque- luego de que su operadora original, Petrobras, lo transfiriera al Estado.

El cineasta Carlos Andrés Vera ha seguido de cerca la actividad en el Yasuní y sostiene que el tipo de tecnología, cuidados, detalles y contratos en torno a la explotación de petróleo es información secreta, no hay acceso a esos datos. Al área que comprende el Bloque 43 (ITT) “solo ha ingresado gente coordinada por el Gobierno, no observadores externos. Es una zona militarizada”, explica. Él coincide con el testimonio de Yasunidos. “Se habló de senderos ecológicos. Eso es falso, absolutamente. Mintieron en algo que no es menor, que era parte del ‘trato’ cuando se autoconcedieron el derecho a explotar la zona”.

Bonilla añade que en el Bloque 43 se anunció que la huella de la intervención sería mínima. Se habló del 1 x 1000 de la afectación del parque. Sin embargo, el proceso de exploración, previo a la extracción del crudo, ya implica impactos grave en el ecosistema que –además- acoge a los pueblos Tagaeri y Taromenane, en aislamiento voluntario.

De acuerdo a la información disponible en el portal del Ministerio de Hidrocarburos, el Bloque 43, ubicado en la provincia de Orellana, contiene reservas petroleras que ascienden a 1.672 millones de barriles, equivalente al 41% de las reservas de crudo del país. Este dato podría resultar impreciso, si se toma en cuenta que todavía no se realiza la fase de sísmica 3D, a través de la cual se determina la cantidad y el tipo de yacimientos. Para esta operación, se detona dinamita o pentolita, provocando ruido y vibraciones que espantan a la fauna de la zona.

Al mismo tiempo, se impacta en los patrones de cacería y recolección de los pueblos en aislamiento, afectándolos de manera irreversible. En esa línea, Vera menciona el cambio de mapas del territorio de los Tagaeri y Taromenani que se desarrolló desde el Gobierno para tener vía libre en su propósito.

Informes del Ministerio del Ambiente redactados antes de 2013 contienen mapas que muestran al ITT como territorio de pueblos ocultos. Para ese año, cuando Correa anunció su decisión de explorar la zona, el mapa de la presencia de grupos no contactados en el área los desaparece de los tres campos petroleros que interesan al Gobierno: Armadillo, 31 e ITT.

Vera concluye que es imposible verificar lo que ahí pasa: un periodista –nacional o internacional- no puede ir. Oficialmente, nunca ha ingresado una comitiva que no sea afín al Gobierno… a menos que se violen las seguridades de los puertos…