Desde diciembre de 2016, el mundo tiene sus ojos sobre la ‘lista de Odebrecht’. Desde entonces se espera conocer, oficialmente, los nombres de quienes habrían sido beneficiados con coimas millonarias para que el consorcio de Brasil pueda operar en 12 países, uno de esos Ecuador.

Este 1 de junio venció el plazo de sigilo internacional previsto en la cláusula contractual del caso Odebrecht. Esto significa que es posible acceder a las pruebas existentes, que podrían ser solicitadas por los fiscales de  Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, Venezuela y Ecuador, donde operó la empresa brasileña.

En este contexto, este jueves durante la cuarta sesión del pleno de la Asamblea Nacional, la mayoría oficialista votó en contra de la posibilidad de que el Legislativo solicite información sobre el escándalo de corrupción de manera directa a los países involucrados. La asambleísta María José Carrión, de Alianza PAIS, sostuvo que “una lista (la de Odebrecht) no nos va a decir absolutamente nada”. Su afirmación carece de sustento.

De hecho, lo dicho por la legisladora del partido oficialista contradice la posición del Presidente de la República. La mañana de este 2 de junio, Lenín Moreno publicó en Twitter que “Estamos prestando todo nuestro respaldo a la Función Judicial en la lucha contra la corrupción. No vamos a permitir que ningún acto de corrupción quede impune, venga de donde venga. Todos los involucrados en el caso Odebrecht deben responder a la justicia”.

 

¿Qué contiene el listado? Los nombres de quienes pudieron estar involucrados en supuestos actos corruptos, beneficiándose con pagos ilegales que sumaron $ 33,5 millones, entre 2007 y 2016. La finalidad de las coimas era, según Marcelo Odebrecht, obtener contratos por unos 116 millones de dólares con el Gobierno ecuatoriano.

En enero de este año, el expresidente Correa dijo: “ojalá den los nombres pronto de los corruptos, les aplicaremos con todo rigor la ley”. La afirmación coincide con los tuits que la mañana de este viernes publicó el Vicepresidente, tras darse a conocer una serie de allanamientos, a propósito del caso Odebrecht.

 

El 21 de diciembre de 2016 se conoció información procedente del Departamento de Justicia de EE.UU., según la cual el emporio brasileño habría pagado cerca de 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África. Un día después de que se divulgue dicha información, el Gobierno de Rafael Correa exigió que sean revelados los nombres de los supuestos implicados “para determinar si hubo funcionarios públicos involucrados en una presunta red de corrupción” o personas que, en nombre del Gobierno, “podrían haber cometido irregularidades”. Posteriormente, se dijo que “tampoco aceptaremos, sin pruebas ni beneficio de inventario, las versiones de los directivos de una empresa que se ha declarado culpable de actos de corrupción y que para atenuarlos, literalmente ‘negocia’ su responsabilidad ante la justicia estadounidense con millonarias multas de por medio”.

La noche de este 1 de junio, la Fiscalía del Ecuador realizó allanamientos con fines investigativos. De acuerdo a un comunicado firmado por el Fiscal General, desde Brasilia, en coordinación con Quito y aquellos que investigan el caso Odebrecht, han dirigido un primer operativo, cuyo resultado arroja la detención y allanamiento de varias personas e inmuebles, en Quito, Guayaquil y Latacunga.  Según esto, los detenidos y las empresas allanadas formaron parte de una trama de “crimen organizado” que involucró al consorcio brasileño. La próxima semana, Carlos Baca retornará a Brasil con un equipo de fiscales, así como con un equipo técnico de la Fiscalía General del Estado para continuar la recepción de versiones y recolección de evidencias.