El debate se mantiene en torno al caso Odebrecht. El pasado 11 de junio Marcela Aguiñaga se sumó al análisis propuesto por Políticamente Correcto. En el programa transmitido por Ecuavisa, la Asambleísta afirmó que “las indemnizaciones por las fallas en la hidroeléctrica San Francisco fueron de aproximadamente $80 millones”. El dato es inexacto.

 

Para llegar a la cifra correcta es preciso remitirse al 2000. En marzo de ese año, el Gobierno de Gustavo Noboa adjudicó la construcción de la Central Hidroeléctrica San Francisco, en Baños (Tungurahua) a la empresa brasileña. El objetivo: adicionar 230 megavatios al sistema hidroeléctrico que cubrirían el 12% de la demanda nacional. Los trabajos comenzaron en noviembre de 2003, ya en el Gobierno de Lucio Gutiérrez.

Cuatro años después, en 2007, Rafael Correa ordenó expulsar a la compañía. Sucede que en junio, el exMandatario encendió la segunda turbina para la generación hidroeléctrica, declarando inaugurada la central; sin embargo, tras siete meses de operaciones la planta debió suspenderlas a causa de fallas en las obras civiles y electromecánicas.

El Gobierno acusó a Odebrecht de “estafa”. En ese momento se iniciaron acciones legales para rescindir los contratos de cuatro obras que le habían sido adjudicadas. Además, se reclamaron indemnizaciones por 200.000 dólares por cada día que la central no funcionó, la cifra sumó alrededor de 20 millones de dólares. No USD 80 millones, como menciona la exVicepresidente de la Asamblea.

En concreto. En julio de 2010, el Gobierno de Correa y la empresa de Marcelo Odebrecht sellaron un “convenio de reparación” técnica y una compensación económica de 20 millones de dólares. Las reparaciones se cumplieron. No obstante, la prensa advierte que las autoridades no han informado sobre el costo de los nuevos trabajos y si fue pagada la compensación solicitada.