Mauricio Rodas aseguró, en su cuenta de Twitter, que: “La paralización del servicio de transporte público es un acto inconstitucional y tomaremos las medidas legales contra sus autores”. El Alcalde de Quito se pronunció este 24 de agosto, tras la advertencia del gremio de los transportistas de paralizar el servicio. “Ante el anuncio de paro de los transportistas está listo Plan Operativo Emergente para que no se vulnere el derecho ciudadano a movilizarse”, añadió.

Rodas mencionó el Artículo 326, numeral 15, de la Constitución en el cual, efectivamente, se establece que: “Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos servicios”. La cita del Alcalde corresponde al documento mencionado.

Además, la noche del 24 de agosto el procurador del Municipio, Marco Proaño, y Darío Tapia, secretario de Movilidad, acudieron a la Unidad de Flagrancia para presentar un acto urgente, con la finalidad de advertir a las autoridades sobre un posible delito de paralización del servicio de transporte público. De acuerdo a Tapia, esta figura legal está tipificada en el COIP, por ello exigen que los responsables sean sancionados ante una posible paralización del servicio de transporte en la ciudad.

El Secretario de Movilidad hace referencia al Articulo 364 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual establece que: “Paralización de un servicio público.- La persona que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento del mismo; o, se tome por fuerza un edificio o instalación pública, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.

Por otra parte, en entrevista telefónica con Diario El Comercio, Jorge Yánez, dirigente del gremio de transportistas de Quito, sostiene que la paralización está amparada en la Constitución. El dirigente advierte que “el artículo 98 de la Constitución determina el derecho a la resistencia. Establece claramente que ninguna persona está obligada a trabajar sin la remuneración correspondiente”.

El Artículo 98 de la Constitución establece que “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”.

Marcelo Espinel, abogado de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señaló que “el Alcalde tiene la razón. En este caso, la Fiscalía tendría que actuar acorde a la ley y sancionar, en el caso de existir la infracción. Respecto a la declaración de Yánez, el artículo 98 habla del derecho a la resistencia y no de la remuneración. El Artículo al que hace referencia el dirigente de los transportistas es el 328, pero a mi criterio este artículo está más cercano a la relación de dependencia”.

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