Lenín Moreno difundió a través de Twitter que se halló una cámara oculta en su despacho, en el Palacio de Carondelet. El equipo, que transmitía a “control remoto”, fue instalado en la administración anterior y fue descubierto por el Servicio Protección Presidencial (SPP), según información proporcionada por la Secretaría de Comunicación (Secom). “Eso es delito de violación a la intimidad”, tuiteó el Mandatario. Y tiene razón.

 

El artículo 178 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece como violación a la intimidad que, “sin contar con el consentimiento o la autorización legal, se acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y vídeo, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio”. Quien incurra en este delito “será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años”.

En ese contexto, Moreno se dijo “extremadamente molesto” y anunció el inicio de una investigación “bastante fuerte” acerca del asunto. En sus palabras, quiere saber por qué el Presidente Correa “no tuvo la delicadeza de informarme que había instalado una cámara”; y “¿por qué el General que dirigía el Servicio de Protección Presidencial en tiempo del señor Correa -que además viajó a dejarle en Bélgica– no informó al Servicio de Protección Presidencial, que empezó a dirigir el General Mosquera?”.

De acuerdo al comunicado de la Secom, Rafael Correa ordenó instalar la cámara hace ocho años, aproximadamente. Sin embargo, el equipo del actual Jefe de Estado desconocía el particular. “Ayer (14 de septiembre) estaba funcionando y no sabemos cuántas veces ha estado funcionando, porque fue de casualidad que el Servicio de Protección Presidencial se acercó y sintió algo caliente en la pared y se dio cuenta que estaba encendida”, explicó el Mandatario durante el Gabinete Ministerial que se desarrolla este 15 de septiembre en Guayaquil.

María Paula Romo, abogada y catedrática, confirma que se trataría del delito de violación a la intimidad. Todavía no puede hablarse de espionaje, pues dependerá de lo que vio o escuchó la persona que tuvo acceso al contenido que transmitía el equipo. La exAsambleísta añade que “es una gravísima falla de seguridad y pone en evidencia una práctica del Gobierno anterior”. La líder del extinto movimiento Ruptura de los 25 se refiere a la intervención que desde el Estado se habría hecho al correo electrónico de Martha Roldós, informes de inteligencia sobre militantes de oposición, instalación de cámaras en la casa del exlegislador Cléver Jiménez, así como la presencia de drones en marchas de rechazo a las políticas del antecesor de Moreno.

El fiscal Fabián Salazar se dirigió hacia el Palacio de Gobierno para realizar los procedimientos legales respectivos. El Fiscal General del Estado, Carlos Baca, sostuvo este viernes que se establecerá si hubo o no espionaje.

El artículo 354 del COIP establece como Espionaje: La o el servidor militar, policial o de servicios de inteligencia que en tiempo de paz realice uno de estos actos, será sancionado con pena privativa de libertad de siete a diez años, cuando:

  1. Obtenga, difunda, falsee o inutilice información clasificada legalmente y que su uso o empleo por país extranjero atente contra la seguridad y la soberanía del Estado.
  2. Intercepte, sustraiga, copie información, archivos, fotografías, filmaciones, grabaciones u otros sobre tropas, equipos, operaciones o misiones de carácter militar o policial.
  3. Envíe documentos, informes, gráficos u objetos que pongan en riesgo la seguridad o la soberanía del Estado, sin estar obligado a hacerlo o al haber sido forzado no informe inmediatamente del hecho a las autoridades competentes.
  4. Oculte información relevante a los mandos militares o policiales nacionales.
  5. Altere, suprima, destruya, desvíe, incluso temporalmente, información u objetos de naturaleza militar relevantes para la seguridad, la soberanía o la integridad territorial.