En la audiencia de revisión de medidas cautelares de Jorge Glas y Ricardo Rivera, realizada este 2 de octubre de 2017, el fiscal general Carlos Baca Mancheno solicitó prisión preventiva para el Vicepresidente. La razón: la existencia de nuevos elementos de convicción en la investigación por asociación ilícita.

Tras el pedido del Fiscal General, el segundo Mandatario manifestó en su cuenta de Twitter que: “Según todos los juristas, inclusive los más feroces opositores, el pedido del Fiscal para que se sustituyan las medidas cautelares es una aberración jurídica”.

Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha e integrante de la defensa del investigador Fernando Villavicencio, también manifestó su criterio en la red social. En Twitter, el experto en Derecho Penal se pronunció respecto al posible cambio de medidas cautelares:

De acuerdo al abogado, el tipo penal por el que se procesa a Jorge Glas tiene una pena de 3 a 6 años; y ya que a él lo llaman como cómplice, la condena podría oscilar entre 1 y 3 años, o de 1 a 2  años. Es decir, si el juez Miguel Jurado aprueba el pedido de prisión preventiva -que en Ecuador puede durar un año-, ya cumpliría la pena. “Mañana con prisión preventiva a Glas nos lanzan un huesito para que nos contentemos”, ironizo García.

Beatriz Rodríguez Tapia, experta en Derecho Penal, considera que el cambio de medidas cautelares es “otro galardón de desconocimiento o ignorancia por parte del Fiscal”. Para la penalista, no se trata de quién esté acusado en la palestra, la medida cautelar tiene que cumplir su fin. “No es apropiado que se la quiera cambiar sin un fundamento estricto, tenemos que recordar que la prisión preventiva es de ultima ratio y se tiene que hacer con delitos mayores”, agregó.

La abogada apuntó que desde el principio se debieron formular cargos en contra de Jorge Glas por otros delitos y así solicitar la prisión preventiva. Según la jurista, se formularon cargos por asociación ilícita, lo cual tiene una pena mínima. Por ello, al solicitar nuevas medidas cautelares se viola el principio de proporcionalidad y presunción de la inocencia.

En ello también coincide Jorge Luis Villacreses. El penalista añade que el Vicepresidente no ha violado las medidas cautelares que ya pesan en su contra, cuenta con un sistema de protección formal, es una figura pública y, por ende, “no es sensato y es relativamente ilegítimo que se pretendan cambios”. En términos procesales, es improcedente, afirma.

Sin embargo, el Decano de Derecho de la Universidad San Gregorio, de Portoviejo (Manabí), enfatiza en que el cuestionamiento de Glas, que señala el proceso de “persecución política”, es exagerado. Villacreses explica que a través del sistema actual, “todos los días se ordenan prisiones preventivas ilegítimas. Todos los ciudadanos tienen que luchar contra la administración de justicia que considera a la prisión preventiva como primera medida cautelar”. En sus palabras, la solicitud del Fiscal Baca ratifica la tendencia del sistema judicial, el cual ordena medidas cautelares privativas de libertad constantemente. “Es común, esta no es la excepción”.