El 18 de septiembre de 2017 el presidente Lenín Moreno anunció que llamaría a los ecuatorianos a las urnas. Después, el pasado 2 de octubre, el Presidente presentó oficialmente ante la Corte Constitucional y la ciudadanía las siete preguntas que serían sometidas a consulta Popular. Ahora, dicha institución es la encargada de que el proceso se materialice o no.

Tres días después de que el sucesor de Rafael Correa envíe el paquete de interrogantes, el 5 de octubre, la Sala de Admisión de la Corte Constitucional -integrada por las juezas Wendy Molina Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra y Ruth Seni Pinoargote- admitieron el trámite. En esa etapa los cuestionamientos se dividieron en plebiscito (consulta popular) y referéndum. El primer grupo hace referencia a las preguntas que no establecen textos de reforma, ni tienen un plazo determinado. El segundo, incluido en el referéndum, sí reforma la Carta Magna u otras leyes.

Según el artículo 104 de la Constitución, “se requerirá dictamen previo de la Corte sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas”. Por tal razón, este 19 de octubre el Pleno de dicha entidad sorteó la causa presentada por Moreno. La jueza Tatiana Ordeñana Sierra es la responsable de, en un plazo de 10 días hábiles, revisar el contenido de lo que sería la Consulta y aprobar o negar la misma.

Posteriormente, el pleno de la Corte deberá aprobar, también en un plazo de 10 días, el dictamen realizado por la jueza. Las observaciones, aprobación o negación del trámite deberán ser remitidos al Ejecutivo.

Si la Corte no presentara ninguna objeción, Lenín Moreno deberá decidir si redacta un decreto con el cual el Consejo Nacional Electoral (CNE) procederá a convocar a la Consulta.

De acuerdo al artículo 106 de la Constitución, el CNE, una vez que conozca la decisión del Presidente de la República, convocará en el plazo de 15 días a referéndum, consulta popular, que deberá efectuarse en los siguientes sesenta días. Los gastos que demande la realización de los procesos electorales que se convoquen por disposición del Jefe de Estado se imputarán al Presupuesto General del Estado.

En 2011, se aprobó una proforma de $ 23’977.991, para desarrollar el plebiscito convocado por Rafael Correa. El pasado 6 de octubre, la consejera electoral Ana Marcela Paredes explicó que el costo de la consulta popular “en épocas de austeridad”, se acercaría a los $35 millones. En ese sentido, el presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, aclaró que el organismo no tiene “ningún presupuesto aprobado”.