“Glas está siendo vulnerado en sus derechos laborales y garantías constitucionales”, dijo este 24 de octubre Soledad Buendía, asambleísta de Alianza PAIS. La legisladora de la bancada oficialista se pronunció tras presentar una acción de protección contra el encargo de la Vicepresidencia a la ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, María Alejandra Vicuña.

La militante de la Revolución Ciudadana acudió al Complejo Judicial Norte, en Quito, junto a sus compañeros de bloque, Marcela Aguiñaga, Sofía Espín y Carlos Viteri. Según Buendía y compañía, la acción es a favor del vicepresidente Jorge Glas, detenido en la cárcel 4, porque consideran que hay actos administrativos que violentan sus derechos laborables así como sus garantías constitucionales.

 

La Asambleísta se refiere al Decreto 176, firmado por Lenín Moreno el 4 de octubre de 2017. En el documento, el Presidente encarga a María Alejandra Vicuña Muñoz la Vicepresidencia de la República, “durante el período que dure la ausencia temporal del Ingeniero Jorge Glas Espinel“.

La medida del Mandatario se sostiene en el artículo 150 de la Constitución, el cual indica que “en caso de ausencia temporal de quien ejerza la Vicepresidencia de la República, corresponderá el reemplazo a la ministra o ministro de Estado que sea designado por el Presidente de la República”. En dicho apartado también se precisa que “serán causas de ausencia temporal de quien ejerza la Vicepresidencia enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor que le impida ejercer la función durante un período máximo de tres meses, o la licencia concedida por la Asamblea Nacional“.

En ese contexto, el pasado 2 de octubre, en la Corte Nacional de Justicia, se dictó orden de prisión preventiva en contra del Vicepresidente. En palabras de Moreno, “circunstancia de fuerza mayor que le impide el ejercicio de la función para la cual fue electo, por lo que se configuró la ausencia temporal del cargo”. El pasado 3 de octubre, a través de Twitter, la Vicepresidencia informó que Glas decidió hacer uso de sus vacaciones mientras dure la medida cautelar dispuesta por el juez Miguel Jurado.

Sin embargo, lo expuesto por Buendía y Aguiñaga carece de sustento. En la Exposición de Motivos del Código Orgánico Integral Penal se indica que “el derecho penal tiene, aparentemente, una doble función contradictoria frente a los derechos de las personas. Por un lado, protege derechos y, por otro, los restringe. Desde la perspectiva de las víctimas, los protege cuando alguno ha sido gravemente lesionado. Desde la persona que se encuentra en conflicto con la ley penal, puede restringir excepcionalmente sus derechos, cuando una persona vulnera los derechos de otras y justifica la aplicación de una sanción. Por ello, el derecho penal debe determinar los límites para no caer en la venganza privada, ni en la impunidad”.

Salim Zaydán, experto en Derecho Constitucional, explica que la restricción de derechos es consecuencia legítima derivada de la prisión preventiva, medida cautelar de carácter personal, dictada en el marco del proceso penal que se le sigue a Jorge Glas. “No hay violaciones producidas por el Decreto Ejecutivo 176”, remarca el abogado.