Moreno derogó los decretos 16 y 739, y aunque el nuevo decreto disminuye las obligaciones, requisitos y causales de disolución para las Organizaciones Sociales, algunas de las establecidas en los decretos anteriores se mantienen y generan polémica
Fuente: Facebook

El lunes 23 de octubre el presidente Lenín Moreno anunció la derogación del Decreto Ejecutivo 16, y su posterior  reforma por medio del Decreto 793, expedidos durante el Gobierno de Rafael Correa. El objetivo de dichas medidas era regular a las Organizaciones Sociales y su incidencia en la vida y actividad política. En ese contexto, en reemplazo de los documentos firmados por su antecesor, el Primer Mandatario suscribió el Decreto Ejecutivo 193.

El nuevo decreto es producto “del diálogo social que hemos entablado con las organizaciones”, afirmó el Mandatario. Moreno enfatizó que el objetivo es “destrabar todos los argumentos burocráticos que impiden que las organizaciones sociales se puedan asociar de hecho y de derecho”.

Rafael Correa firmó el Decreto 16 en 2013. Dos años después, en 2015, lo modificó mediante el Decreto 793. Según informes de Fundamedios, la plataforma de Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS) no ofrece la información organizada, diseminada o exacta de la cual valerse. Para tener una cifra exacta de cuales son las organizaciones que se encuentran disueltas habría que hacer una búsqueda manual en las nueve mil páginas que tiene el sistema.

La investigación ‘Los decretos 16 y 739: ¿Simples mecanismos para disolver organizaciones?’,  de Fundamedios, mostró que las diferentes entidades del Gobierno: ministerios, secretarías y el portal de registro RUOS entregan datos contradictorios e imprecisos, pues cada institución realiza registros de manera independiente.

En una recopilación de diferentes fuentes oficiales, entre tres ministerios que proporcionaron la información, se encontraron 445 Organizaciones de la Sociedad Civil disueltas bajo la acción de los decretos ya mencionados. Entre esos, los casos más conocidas fueron el de la Fundación Pachamama en 2013 y la Unión Nacional de Educadores (UNE) en 2016. Bajo la misma norma se intentó disolver a las ONGs Fundamedios y Acción Ecológica, aplicando los estatutos que prohíben desviarse de los objetivos bajo los cuales se constituyó la organización y por, supuestamente, hacer política partidista.

Aunque el nuevo decreto disminuye las obligaciones, requisitos y causales de disolución para las Organizaciones Sociales, algunas de las establecidas en los decretos anteriores se mantienen y generan polémica: