No es cierto que, anualmente, en la Fiscalía se reportan alrededor de 100 casos de delitos sexuales en el sistema educativo ecuatoriano. El dato que maneja el exministro de Educación, Augusto Espinosa, está lejano de los registros oficiales. Esto significa que la realidad de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes puede ser mucho peor de lo que planteó el hoy Asambleísta de Alianza PAIS, durante un debate en el programa Hora 25 (Teleamazonas).

Las cifras de la Fiscalía General del Estado son, por decir lo menos, alarmantes. Solo en 2015, dicha instancia  receptó 296 denuncias por delitos contra la integridad sexual cometidos en el ámbito educativo. Estas agresiones se refieren a:

  • Abuso sexual cuando la víctima sea menor de 14 años o con discapacidad; cuando la persona no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; o si la víctima, como consecuencia de la infracción, sufra una lesión física o daño psicológico permanente o contraiga una enfermedad grave o mortal”.
  • Abuso sexual si la víctima es menor de seis años”.
  • Acoso sexual cuando la víctima sea menor de 18 años o persona con discapacidad o cuando la persona no pueda comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo”.

Entre 2016 y lo que va del 2017, los datos también están distantes de lo dicho por el legislador, quien estuvo a cargo del Ministerio de Educación entre 2013 y 2016.

Para recalcarlo y tenerlo claro. En los últimos tres años la Fiscalía receptó más de 100 denuncias anuales: 220, en 2016; y 198 hasta octubre de 2017.

El pasado 27 de octubre, Espinosa volvió a utilizar esa cifra; pero esta vez, ante la Comisión Aampetra, constituida por la Asamblea Nacional para investigar los casos que develan inoperancia desde el Estado en el momento de garantizar la seguridad de los estudiantes en escuelas y colegios, tanto públicos como privados. “sabíamos qué estaba pasando. Teníamos cien denuncias por año”, dijo el militante de Alianza PAIS.

Su compañera de bancada, Norma Vallejo, vicepresidente de la Comisión, maneja una cifra más precisa. La asambleísta “velará por el respeto al debido proceso en los casos denunciados, los cuales llegan a 907 desde el 2014 hasta la fecha”.

En esa línea, también ante la Comisión Aampetra, el representante de la Defensoría Pública del Ecuador, Ernesto Pazmiño, explicó las necesidades del sistema que inciden en la limitada respuesta a las víctimas y a sus familias, y en el abandono de las causas por agotamiento: “no hay suficientes operadores de justicia ni peritos especializados en delitos sexuales contra la niñez y adolescencia”. En palabras del Defensor, el sistema judicial es carente de equipos técnicos (médicos, sicólogos, investigadores…), expertos en el manejo de la prueba, la cadena de custodia y la escena del crimen, tres puntos claves para llegar a los responsables de los delitos y sancionarlos.