Este 20 de noviembre Lenín Moreno se pronunció sobre el proceso de Consulta Popular que impulsa desde el pasado 2 de octubre. Durante el programa El Gobierno informa, sostuvo que “en mi calidad de Presidente de la República, elegido por la mayoría de los ecuatorianos, al amparo de la Constitución y de la ley, demando a la Corte Constitucional un pronunciamiento favorable a todas las preguntas y enmiendas que he propuesto y en el menor tiempo posible”.

 

¿El Primer Mandatario puede hacer dicho requerimiento? Según la visión de la Corte Constitucional, este “será un órgano autónomo e independiente de administración de justicia constitucional”. Esto se traduce en que no.

El constitucionalista Juan Francisco Guerrero explica que Moreno “no debería hacerlo, ya que, indudablemente, es una forma de presión a la Corte”. El experto añade que el Jefe de Estado “no debería exigir públicamente un pronunciamiento, puesto que el análisis de constitucionalidad es un asunto técnico jurídico y no político”.

A inicios de octubre, el Presidente presentó oficialmente ante la Corte Constitucional y la ciudadanía las siete preguntas que serían sometidas a consulta. Ahora, dicha institución es la encargada de que el proceso se materialice o no.

El 5 de octubre, la Sala de Admisión -integrada por las juezas Wendy Molina Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra y Ruth Seni Pinoargote- admitieron el trámite. Y, según el artículo 104 de la Constitución, “se requerirá dictamen previo de la Corte sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas”.

Si la Corte no presentara ninguna objeción, Lenín Moreno deberá decidir si redacta un decreto con el cual el Consejo Nacional Electoral (CNE) procederá a convocar a la Consulta. De acuerdo al artículo 106 de la Constitución, el CNE, una vez que conozca la decisión del Presidente de la República, convocará en el plazo de 15 días a referéndum, consulta popular, que deberá efectuarse en los siguientes sesenta días. Los gastos que demande la realización de los procesos electorales que se convoquen por disposición del Jefe de Estado se imputarán al Presupuesto General del Estado.