“No hay juicio político para asambleístas, solamente para ministros, Presidente y Vicepresidente”, afirmó la asambleísta Ana Galarza, durante una entrevista que concedió a Telerama, el pasado 7 de marzo. Lo dicho por la militante del Movimiento CREO es preciso y surge en el contexto de la polémica que envuelve al presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano.

El pasado 27 de febrero, el fiscal Carlos Baca publicó un audio de 04:15 minutos en que participan Serrano y el excontralor Carlos Pólit, actualmente prófugo de la justicia. En rueda de prensa, el titular de la Fiscalía General del Estado denunció que quieren sacarlo del cargo. Para ello, habría un “acuerdo para forjar documentos”, que involucra al principal del poder Legislativo.

Al conocer la acusación del Fiscal, el Asambleísta por Alianza PAIS aceptó la existencia de la conversación, sin embargo, solicitó que el audio sea sometido a las investigaciones pertinentes para determinar el contexto, fecha, en que esta se produjo. Esto provocó que la tarde de este 9 de marzo comparezca ante el Pleno y dé cuentas de lo ocurrido.

Incluso Lenín Moreno se pronunció al respecto. “Cuando uno comete un error debe saber afrontar las consecuencias y bajo ninguna circunstancia arrastrar a ninguna institución con él. Entiendo que esa es la posición del compañero”, dijo el Presidente. La tarde de este viernes, el exMinistro del Interior defenderá su cargo ya que, como también mencionó la asambleísta Galarza, podría renunciar a la Presidencia de la Asamblea.

“Solicitamos que renuncie para que no sea juez y parte”, indicó la Legisladora. Además, añadió que dentro del proceso parlamentario está establecida la renuncia, pues no hay una norma establecida para la destitución.

En efecto. José Serrano no puede someterse a un juicio político. El artículo 129 de la Constitución señala que la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político del Presidente o Vicepresidente de la República, ministras, ministros, Procurador, Contralor, Fiscal, superintendentes, Defensor del Pueblo, Defensor Público, entre otros que no incluye a los propios legisladores.

La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece las causales de cesación de las dignidades de la Asamblea. Al revisarla, se concluye que de no darse una renuncia, Serrano no puede ser cesado ni destituido; puesto que no ha violado ninguna de las prohibiciones que puntualmente se señalan en el artículo 163 de dicho cuerpo legal.