Reyes: Solicito adoptar medidas cautelares en contra de Correa, Herrera y Rivera


El pasado 9 de abril la asambleísta Cristina Reyes solicitó, mediante un oficio dirigido al fiscal Carlos Baca Mancheno, iniciar el proceso de investigación previa en contra del expresidente Rafael Correa y los exministros Patricio Rivera y Fausto Herrera. Esto debido a que la Contraloría determinó indicios de responsabilidad penal en contra de estos exfuncionarios en su informe sobre la deuda pública, en el período entre enero de 2012 y mayo de 2017. Reyes también pidió “adoptar las medidas cautelares pertinentes, en defensa de los intereses del Estado”.

La afirmación de la Legisladora causó revuelo en redes sociales y provocó una respuesta de la asambleísta Marcela Aguiñaga. La legisladora correísta afirmó que las “medidas cautelares solo se ordenan en virtud de la existencia de un proceso penal, investigación previa es fase preprocesal e informe de CGE constituye un indicio”. Reyes refutó esta afirmación, aduciendo que el fiscal puede socilitar al juez medidas cautelares en cualquier parte del proceso.


Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, aclara que las medidas cautelares son dictadas por el juez y no por el fiscal. Además, es necesario que exista un proceso de instrucción fiscal para solicitarlas. El abogado coincidió en que aunque las medidas cautelares pueden ser solicitadas por el fiscal, en cualquier caso se debe haber iniciado un proceso primero. El experto ratificó que la solicitud de Reyes no podrá hacerse efectiva mientras el Fiscal no formule cargos.

En contexto

No es la primera vez que se solicitan medidas cautelares en contra de Rafael Correa. El pasado 8 de enero de 2018 Unidad Popular pidió a la Fiscalía General que emita medidas cautelares contra el expresidente lo llame a rendir versión en el caso de negociación con Petrochina. En ese momento, el abogado Leonardo Sampértegui explicó que es necesario iniciar, al menos, una investigación fiscal. Así, el Fiscal podría pedir medidas cautelares en contra de un ciudadano que sea investigado. “Esa medida debe pedirse por el fiscal, y ser aprobada por el juez competente, con base en varios factores, principalmente la sospecha de que el investigado se va a fugar (así como se aplicó a Jorge Glas)”, puntualizó.