Los megaproyectos mineros Fruta del Norte, Mirador, Río Blanco, San Carlos Panantza, Loma Larga y Llurimagua han asegurado $4 600 millones de los $8000 millones que se esperaban en inversión extranjera comprometida para 2018. Durante la campaña, el entonces candidato Lenín Moreno prometió que, al año de su mandato, los megaproyectos tendrían una inversión extranjera comprometida de $8000 millones. Sin embargo, la directora ejecutiva de la Camára de Minería del Ecuador, Lorena Álvarez, detalla que la cifra es de $4 600 millones hasta 2021 en los proyectos Mirador y Fruta del Norte.

El Informe de rendición de cuentas 2017, del Ministerio de Minería, indica que la inversión total pagada hasta diciembre de 2017 por cinco de estos proyectos es de $ 1336. A esta cifra se suman $120 millones que la empresa canadiense Lundin Gold invirtió en túneles en Fruta del Norte, en enero de 2018; y $250 millones de inversión de la Corporación del Cobre (CODELCO), en el proyecto Llurimagua, según cifras de 2017 de la Empresa Nacional Minera (ENAMI EP). Lo que suma un total de $1 706 millones pagados hasta 2017 por los seis proyectos.

El Mandatario también prometió que los seis proyectos generarían más de 8000 plazas de trabajo y estarían en plena construcción para este año. Los datos más recientes del Ministerio detallan que hasta la fecha los proyectos Loma Larga y San Carlos Panantza siguen en etapa de exploración avanzada y estudio de factibilidad, respectivamente.

Se espera que el proyecto Llurimagua finalice la etapa de exploración avanzada en 2018. La empresa chilena Codelco comparte esta concesión con la Empresa Nacional Minera del Ecuador (ENAMI EP). La estatal ecuatoriana por ahora tiene un 51% de la propiedad, mientas que Codelco tiene un 49%. Se estima que hay un yacimiento de 1 500 toneladas de cobre en el área.

El informe de Rendición de Cuentas 2017 contabiliza aproximadamente 4859 plazas de trabajo reales creadas hasta diciembre de ese año en los seis proyectos.

 

Gijar Rivadeneira, analista político y económico, infiere que el retraso en las obras y el bajo rendimiento de los megaproyectos se deben a que hay trabas políticas en la gestión de los permisos de las empresas concesionarias. Las auditorías que hará la Contraloría a los seis megaproyectos contribuyen a la dilación en la entrega de permisos.

La dimisión de Javier Córdova de su cargo de ministro de Minería, el 30 de enero; y la reciente denuncia de corrupción a la ministra Rebeca Illescas y al presidente de la Cámara de Minería, Santiago Yépez, aportan al ambiente de inestabilidad política que proyecta el país. Además, detalla el experto, los cambios a la Ley de Minería tras la Consulta Popular y la derogación de la Ley de Plusvalía contribuyen a la falta de garantías jurídicas y un marco legal claro que preocupa a las empresas extranjeras.  

*Verificación realizada en colaboración con Isabel Jervis, estudiante de periodismo de la USFQ.