El pasado 19 de febrero de 2017, los ecuatorianos aprobaron en las urnas la prohibición para que quienes opten por un cargo público tengan bienes o capitales en paraísos fiscales. La propuesta realizada por el expresidente Rafael Correa se transformó en la Ley sobre Paraísos Fiscales, aprobada el 6 de julio por la Asamblea Nacional.

En dicho proceso electoral se consultó: “¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?”.

 

Tras la aprobación de la norma, la presidenta de la Comisión de Justicia, Marcela Aguiñaga, indicó que dicho cuerpo legal excluye a funcionarios del servicio exterior, cuya misión se desarrolle en paraísos fiscales. Tampoco aplica a estudiantes o becarios que deseen postularse a un cargo de elección popular o función pública, ni para candidatos que residan en esos territorios.

Previamente, durante la campaña presidencial, Lenín Moreno prometió “fortalecer las leyes para combatir los paraísos fiscales y la evasión de impuestos”. Sin embargo, un año después, esta promesa no se ha cumplido desde el Ejecutivo.

¿Qué son los paraísos fiscales? El abogado experto en Derecho Tributario Carlos Pontón explica que se trata de los territorios donde las grandes empresas transnacionales depositan su dinero en cuentas bancarias secretas, para evadir el pago de impuestos en sus países.

Según Pontón, “el tema de los paraísos fiscales es un secreto a voces. Las grandes corporaciones a escala mundial, con el fin de evadir o disminuir el pago de sus impuestos, esconden parte de sus riquezas o el dinero de accionistas, propietarias o jurisdicciones preferentes”.

En ese contexto, el abogado añade que “la lucha que ha emprendido Ecuador y el mundo ha sido bastante lenta. El Estado ha creado consciencia, pero las acciones han sido muy limitadas”.

En octubre de 2017, el Presidente se refirió a su plan económico. Durante su presentación, reiteró la guerra al contrabando y a la evasión de impuestos, sin embargo, no dio detalles de la estrategia a aplicarse. Se refirió a la fijación de aranceles que protejan la industria nacional, y una tasa de control -de 10 centavos- para financiar la lucha de las aduanas.