En redes sociales se publicó un video el pasado 25 de agosto acompañado de un texto en que se afirma que el Estado ecuatoriano pagaría una indemnización de USD 200 millones al expresidente Abdalá Bucaram. En Twitter esta información se acompañó de una nota en la cual se menciona que el líder del desaparecido Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) también presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violaciones al derecho a la integridad, a la tutela efectiva, entre otras.

En el video aparece el abogado Jorge Sosa acompañado de Abdalá Bucaram Ortiz. El jurista afirma que el caso del expresidente fue abierto por la Fiscalía General del Estado y calificado por esta institución como “crimen de Estado”. Sosa explicó que, en 1986, se cometieron crímenes de tortura en contra de su defendido orquestados por el gobierno de León Febres Cordero. Por tal motivo se investigará a los involucrados. Tras una sentencia, se podría determinar su responsabilidad en los hechos. Durante la intervención, la defensa no menciona los USD 200 millones.

En la sección de consulta de procesos del portal de la Fiscalía se registran dos denuncias planteadas en 2017 por el mandatario destituido. La primera por actos de odio y la segunda por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes en persona protegida. No existe ninguna denuncia del expresidente fechada en 2018.

En el portal del Consejo de la Judicatura también es posible consultar los procesos judiciales iniciados por el político guayaquileño. Sin embargo, no se encontró uno que haga referencia a los delitos mencionados. Tampoco existe ninguna sentencia que obligue al Estado a otorgar un pago de USD 200 millones. Ecuador Chequea solicitó al abogado Sosa información al respecto vía correo electrónico, pero no se ha obtenido respuesta.

Respecto a la denuncia en la CIDH, desde 2015 el exmandatario anunció en medios de comunicación nacionales e internacionales que interpondría una demanda en contra del Estado ecuatoriano por supuestamente: causarle problemas de salud, negarle el derecho a ver a su familia e impedir que los delitos en su contra prescriban. En sus intervenciones añadió que en caso de que la Comisión Interamericana rechazara su pedido, este sería el resultado de la presión de las élites económicas que lo sacaron del poder en 1997.

Analizar los casos presentados en contra de Ecuador registrados en la página de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde 2015 no existe un caso interpuesto por Bucaram. La CIDH no registra casos relacionados al hecho tampoco en 2014.

El 7 de noviembre de 2015 el portal Plan V publicó un artículo en donde se mencionan las razones por las cuales la denuncia de Bucaram en la CIDH no tendría futuro. Entre las razones de fondo se exponen: el no agotamiento de instancias internas, la poca descripción de los supuestos derechos violados por el Estado, la tardanza en presentar la denuncia y el supuesto pago que exige el exmandatario (la Comisión establece que no es posible enriquecerse con las indemnizaciones del Estado).

En contexto

Abdalá Bucaram Ortiz fue presidente de Ecuador desde agosto de 1996 hasta febrero de 1997, cuando el Congreso Nacional lo destituyó por considerarlo “mentalmente discapacitado”. Desde su destitución, el también exalcalde de Guayaquil y exgobernador de Guayas se exilió en Panamá, denunciando una persecución política en su contra. En junio de 2017 regresó al país, al haber prescrito las denuncias en su contra.

Ecuador Chequea lo entrevistó durante su último día de autoexilio en Panamá: