El pasado 28 de agosto los ministros de Trabajo, Salud, Obras Públicas, Inclusión y Relaciones Exteriores participaron en el consejo editorial sobre el trabajo del Gobierno en torno al flujo migratorio de ciudadanos venezolanos en Ecuador. Durante su intervención, Raúl Ledesma, de Trabajo, afirmó que “todo trabajador, nacional o extranjero, tiene el derecho a que se registre su contrato laboral y su afiliación a la seguridad social en los plazos estipulados” . El funcionario afirmó esto en relación a la situación laboral de los migrantes.

Lo dicho por el Ministro está determinado en la Constitución, el Código del Trabajo, la Ley de Seguridad Social y la Ley de Extranjería.

En la sección octava de la Carta Magna ecuatoriana se estipula que el trabajo es un derecho y un deber social. Además, se considera que la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, no existe ninguna mención a la nacionalidad.

El artículo 1 Código del Trabajo menciona que: “el Seguro General Obligatorio forma parte del sistema nacional de seguridad social y, como tal, su organización y funcionamiento se fundamentan en los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia”. Para efectos de esta ley, la universalidad “es la garantía de iguales oportunidades a toda la población asegurable para acceder a las prestaciones del Seguro General Obligatorio, sin distinción de nacionalidad, etnia, lugar de residencia, sexo, educación, ocupación o ingresos”.

Además, este cuerpo legal reconoce  distintos tipos de contratos para los trabajadores:

Cuando se trata de un contrato escrito, los plazos y requerimientos mencionados por Ledesma son los siguientes:

Por otra parte, la Ley de Seguridad Social establece en su artículo 73 que el empleador está obligado a inscribir al trabajador o servidor como afiliado al Seguro General Obligatorio desde el primer día de labor. Además, advierte que el incumplimiento de esta medida será sancionado con el Reglamento General de Responsabilidad Patronal. En esta Ley no se menciona ninguna excepción por razones de nacionalidad.

La Ley de Extranjería también estipula el derecho al trabajo por parte de los extranjeros residentes legalmente en Ecuador y, por ende, todos los derechos y obligaciones que estipula la norma:

Para Nicolás Salas, experto en Derecho Penal y docente, “más que un derecho del trabajador, es una obligación del empleador realizar el contrato de trabajo y registrarlo, así como reportar al IESS el inicio de la actividad laboral”.

En contexto:

Pese a que la afiliación a la seguridad social es un derecho reconocido por distintos cuerpos legales, la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo de junio del 2018, publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), cifró 1.544.373 personas en situación de subempleo, otras 838.730 con empleos no remunerados, y más de 2.100.000 con otro empelo no pleno. Es decir, aproximadamente 4.300.000 personas en Ecuador están trabajando sin contar con las garantías laborales debidas.