El 4 de agosto, en ausencia de un representante de Venezuela, finalizó en Quito la Reunión Regional de Ecuador. En este encuentro representantes de 13 países latinoamericanos abordaron el éxodo de venezolanos en la región con el objetivo de llegar a una solución continental para esta crisis. 11 países firmaron la Declaración de Quito, las excepciones fueron Bolivia, que se abstuvo; y República Dominicana que postergó su adhesión.

El documento expone en 18 puntos un compromiso regional para garantizar los derechos de los venezolanos en situación de movilidad humana. Sin embargo, expertos en el tema observaron la ausencia de planes de acción concretos para ejecutarse.

Hablan los especialistas: “Las declaraciones siempre son cordiales,

pero de allí a la acción falta mucho”

Pablo de la Vega, especialista en Derechos Humanos, dijo que saludan la iniciativa del Gobierno ecuatoriano, “pero la reunión no ha arrojado ningún plan de acción. La declaración tiene una retórica diplomática que aplaudimos, pero es necesario que se adopte un plan que pueda materializar estos compromisos”.

“Se habla de la crítica situación de los flujos migratorios, pero en el documento no se aclara que esta situación es causada por la crisis humanitaria en Venezuela y los diplomáticos evaden esas críticas por sus compromisos”, dijo de la Vega.

Explicó que “estamos de acuerdo en aceptar documentos vencidos y nos parece plausible, no hace falta exigir documentos que no están contemplados en la Ley de Movilidad Humana, pero esto se hará de acuerdo a la legislación de cada país. Es decir, hay 11 normas distintas, pero saludamos que se incluya la posibilidad de que los ciudadanos venezolanos con documentos vencidos puedan ingresar. La indocumentación provoca vulneración de los derechos de los migrantes“.

Giovanna Tipán, directora de la Unidad de Movilidad Humana de Pichincha, afirmó que “la Declaración de Quito, a pesar de que tiene muy buena voluntad en su redacción, no deja de ser eso, unas declaraciones. Tendremos que ver qué pasa cuando el primer venezolano presente su pasaporte sin validez en los puestos fronterizos o a la hora de legalizar su estatus migratorio en Ecuador”.

La funcionaria aseguró que la única manera de evaluar si la declaración sirvió, será cuando empiecen a llegar venezolanos con pasaportes vencidos. “Aplaudo todas las declaraciones en contra de la xenofobia, trabajar en campañas de tolerancia, pero solo cuando se hagan efectivas y se transformen en políticas públicas podremos evaluar el alcance de la medida”.

La iniciativa regional, motivada por la agudización en el tránsito migratorio venezolano, contrasta con el discurso de los representantes del régimen de Nicolás Maduro. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela, insinuó que el éxodo es un montaje internacional.

Maduro anunció el 4 de septiembre la creación de un puente aéreo para activar el retorno de sus compatriotas a lo largo del continente. De acuerdo al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, la medida surge “en el peor contexto de la historia de la xenofobia a la que han sido sometidos los venezolanos y venezolanas en países como Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, Chile y Argentina, países que de manera soez han secundado las acciones impuestas desde Washington contra Venezuela”.

Entre los puntos más destacados de la ‘Declaración de Quito’ es posible mencionar:

  • Continuar trabajando en la implementación de políticas públicas destinadas a proteger los Derechos Humanos de todos los migrantes en sus respectivos países, en concordancia con las legislaciones nacionales y los instrumentos internacionales y regionales aplicables.
  • Exhortar al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que tome de manera urgente y prioritaria las medidas necesarias para la provisión oportuna de documentos de identidad y de viaje de sus nacionales.
  • De acuerdo con la legislación nacional de cada país, acoger los documentos de viaje vencidos como documentos de identidad de los ciudadanos venezolanos para fines migratorios.
  • Proveer a los ciudadanos venezolanos en situación de movilidad humana, en concordancia con los recursos públicos de cada país, el acceso a los servicios de salud y educación públicas y a las oportunidades en el mercado laboral. Asimismo, se garantiza el acceso a los sistemas de justicia.
  • Ratificar los compromisos de los Estados de la región respecto a la lucha coordinada contra la discriminación, la intolerancia y la xenofobia.