Romo se refiere a las personas privadas de la libertad

La ministra del Interior, María Paula Romo, en una entrevista para Contacto Directo realizada el 6 de septiembre, afirmó que su gestión se realizará a través de una visión global de la seguridad en el país. Es decir, articulando las distintas instituciones con la finalidad de llegar a soluciones concretas.

Sobre la situación de la población carcelaria en el país, la exasambleísta cuestionó los comentarios del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en torno a la necesidad de endurecer las leyes para enviar a prisión a la mayor cantidad de criminales. Romo sostuvo que “en los últimos años se ha cuadruplicado la población carcelaria, pasamos en 7 o 6 años de más o menos 11 mil personas privadas de libertad a 40 mil personas”. Por lo cual sería contraproducente aumentar la cantidad de personas en prisión.

La Defensoría Pública, en su ‘Rendición de Cuentas 2007-2011’ , cifró un hacinamiento carcelario de 145% en 2007, esto implicaba que 18.400 personas privadas de libertad (PPL) vivían en centros de rehabilitación social con capacidad para 7.500 personas. Para 2010, el número de PPL se redujo a 12.000; sin embargo, aún existía sobrepoblación carcelaria del 60%.

El Ministerio de Justicia, en su reporte mensual de PPL, cifró 36.661 personas privadas de la libertad en 2017, lo cual implicó un hacinamiento carcelario de 34,65%. En agosto de 2018, este registro se incrementó a 37.952 PPL (35.044 hombres y 2.908 mujeres) y el hacinamiento fue de 36,64%.

Las provincias cuyos centros carcelarios presentaron un mayor número de reos fueron: Guayas (14.498), Cotopaxi (5.265), Pichincha (2.198), Esmeraldas (1.395) y Manabí (1.164). 24.520 PPL, más del 50% de reos de todo el país, se encuentran hacinados en las cárceles de estas provincias. En el caso de Cotopaxi, el aumento en el porcentaje de PPL se debe al traslado de reos del expenal García Moreno al Centro de Rehabilitación de Latacunga en 2014.

Las cifras anteriores coinciden con lo mencionado por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), en su informe del 2017, al afirmar que la población penitenciaria del país era de 18.675 personas privadas de libertad en 2007. La cifra disminuyó a 9.000 PPL, tras un proceso de excarcelación a escala nacional en 2009. Sin embargo, en 2013 el CDH registró un aumento drástico de personas privadas de la libertad a 24.203; un año después el valor llegó a 26.821.

Según el Ministerio del Interior, los delitos más comunes en el país son robo y homicidio, de este último, hasta julio de 2018 se han registrado 587 a escala nacional. Respecto a los delitos asociados al robo, se registran 37.756 denuncias en todo el país, hasta julio de 2018. Además, la entidad clasifica el delito de hurto por persona o entidad afectada, esto es: domicilios (7.510), personas (15.965), unidades económicas (2.943), de autopartes de vehículos (5.531), de vehículos (2.562) y de motocicletas (3.245).

Debemos recordar que los valores presentados no deben asociarse con el número de delincuentes en el país, muchas de las denuncias involucran a un mismo individuo en diferentes causas.

En contexto

El 31 de agosto 2010, el entonces ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, José Serrano, anunció la declaratoria de estado de emergencia del Sistema penitenciario, tras evidenciar falencias en salud, infraestructura física, eléctrica e hidrosanitaria en los centros a escala nacional.

En efecto, el Gobierno anterior se enfocó en construir y repotenciar la infraestructura de las cárceles, lo cual permitió reducir el hacinamiento a 0.24%, en 2014; y 1.72%, en 2015. Sin embargo, en 2016 volvió a subir al 22%, según lo manifestado por la exministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Ledy Zuñiga, durante la sesión de la Organización de Naciones Unidas sobre el Examen Periódico Universal (EPU), en mayo de 2017.

En octubre de 2017 la entonces ministra de Justicia, Rosana Alvarado, dijo a diario El Telégrafo que el incremento en el porcentaje de hacinamiento se debía al creciente número de dictámenes de prisión preventiva, producto del Código Orgánico Integral Penal y la acumulación de penas en el caso de sustancias ilícitas.

En abril de 2018, Alvarado acudió a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional para tratar el tema penitenciario. Ahí mencionó que la sobrepoblación disminuyó del 42% al 37%, un total de 37.530 (92% hombres y 8% mujeres) personas en centros con capacidad para 27.230.