El pasado 14 de junio el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio anunció que los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura serían posesionados el 19 de junio. Marcelo Merlo presidió la institución y Aquiles Rigail, Zobeida Aragundi, Angélica Porras y Juan Pablo Albán fueron nombrados vocales transitorios hasta que el Cpccs designe los definitivos. Estos abogados reemplazaron en sus cargos a Gustavo Jalkh, Néstor Arbito, Ana Karina Peralta, Alejandro Subía y Rosa Elena Jiménez.

Dentro del Consejo de la Judicatura se suscitaron diferencias de criterios de forma progresiva. El 24 de julio Juan Pablo Albán cuestionó, ante los medios de comunicación, la decisión de Merlo de suspender a la jueza Paola Dávila por sustituir las medidas cautelares de prisión preventiva en contra del exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel. Para el vocal del CJ, la decisión del Presidente de esta entidad fue precipitada, ya que  se estarían replicando prácticas del gobierno del expresidente Rafael Correa.

De acuerdo al Presidente del Consejo de la Judicatura, la jueza sustituyó las medidas cautelares de Espinel “existiendo prohibición legal expresa, por cuanto el delito que se investiga es el de lavado de activos (…) que establece que la sustitución no cabe en los delitos sancionados con una pena privativa de libertad superior a cinco años”. Albán objetó que la Judicatura no tiene atribuciones legales para revisar y sancionar en función del contenido de las sentencias y resoluciones judiciales, ya que esa es competencia exclusiva de los jueces.

Posteriormente, el 7 de agosto de 2018 Aquiles Rigail fue acusado por Albán y Angélica Porras de “injerencia en la justicia“. Los vocales sostienen que el 1 de agosto Rigail envió dos oficios: al juez de la Unidad Judicial de Iñaquito, Luis Fernando Landázuri; y al fiscal del Guayas, Edmundo Briones, con el fin de exponer su preocupación en dos casos. Para Albán, estas acciones implican una interferencia en la Función Judicial y por lo tanto deben ser cuestionadas. Rigail aclaró que “no estoy amenazando al juez ni urgiéndole a que tome decisiones que no sean acorde a derecho y a ley”. Afirmó que enviar las misivas es su obligación.

Pese a que estas diferencias fueron recogidas por distintos medios de comunicación, el 9 de agosto Juan Pablo Albán afirmó en una entrevista para ‘El Telégrafo’ que sus relaciones con Merlo y Rigail eran “muy cordiales”.  Para el docente de la Universidad San Francisco, las acciones positivas del Consejo de la Judicatura no se divulgan lo suficiente, “porque hay un morbo alrededor de las diferencias conceptuales que existen entre nosotros”.

Sin embargo, este no fue el último inconveniente ocurrido entre ambos. El 11 de septiembre de 2018 ambos vocales se enfrentaron a gritos en el pleno del Consejo. El pleito se inició cuando Albán cuestionó la acusación de Juan Vizueta en contra de la fiscal Cecilia Rodríguez, a quien el Director General del CJ acusó de influir en la liberación de Iván Espinel. Albán también interpeló la actuación de Rigail y calificó sus acciones como “desubicadas” y le levantó la voz. Rigail lo mandó a callar y le dijo “mangajo”. Ambos se gritaron y Albán acusó a Rigail de reorganizar a los jueces de Samborondón.

El mismo día Albán y Porras, vocales del CJ, solicitaron al pleno de esta entidad una investigación en contra de Juan Vizueta, designado por el pleno del Consejo de la Judicatura como Director General el 18 de julio, por una supuesta intervención del funcionario en un proceso judicial que se lleva adelante en Guayaquil.

Tras el encontrón entre los dos vocales de la Judicatura ambos ofrecieron disculpas públicas al otro y afirmaron que durante la sesión del Consejo lograron importantes avances en relación a la causa emprendida en contra de Vizueta. Albán explicó que la acusación en contra de Rigail por reorganizar a los jueces de Samborondón se debe a que:

“El Dr. Manuel Chum, delegado provincial del Guayas del CJ, toma la decisión de trasladar a todos los jueces de Samborondón. Averiguado el asunto, pedido un informe al propio Dr. Chum, se determinó que ese traslado no obedecía a ninguna de las tres causales tres causales legales de traslado que contempla el Código Orgánico de la Función Judicial: necesidad de garantizar eficiencia en el servicios, que exista parentesco entre funcionarios judiciales y que el propio trabajador pida el traslado”

El pasado lunes 30 de julio Rigail, en calidad de Presidente subrogante del CJ; y la doctora Zobeida Aragundi, vocal de la institución, tomaron juramento a Manuel Eduardo Chum Salvatierra y José Miguel García Auz, delegados administrativo y disciplinario en Guayas, respectivamente.

Angélica Porras, vocal del CJ, aseguró que tras las denuncias en contra de Vizueta, se generaron diferencias en el pleno de esta entidad, y que las mismas “no pueden superarse y ahora hay dos bloques en la institución”. Por su parte, Albán anunció que permanecerá en el cargo hasta el 21 de septiembre y que luego regresará a los Estados Unidos para terminar sus estudios doctorales.

En la cuenta de Twitter del Cpccs transitorio, el miércoles 19 de septiembre, durante la sesión extraordinaria N° 023, se informó se aprobará el mandato para el proceso de selección y designación de los miembros definitivos del Consejo de la Judicatura. El CJ transitorio tiene los días contados.