El laudo a favor de Chevron abre el debate

La batalla legal entre la compañía petrolera Texaco (ahora Chevron-Texaco) y las comunidades indígenas afectadas por la contaminación de sus operaciones en la Amazonia ecuatoriana se inició el 3 de noviembre de 1993. La empresa transnacional, comprada por Chevron en 2001, operó en Ecuador de 1964 a 1990. De acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, extrajo millones barriles de petróleo sin utilizar los métodos acordados en el contrato de explotación para la preservación de la naturaleza, lo cual ocasionó desastres ambientales que nunca se remediaron. Por ello fue demandada por ciudadanos ecuatorianos de las zonas contaminadas y condenada por la Corte Constitucional, en 2018, a pagar una indemnización millonaria.
Aunque la Justicia ecuatoriana condenó a Chevron a pagar USD 9.500 millones, la petrolera se niega a cumplir la sentencia, argumentando que es producto de un fraude orquestado por el Gobierno ecuatoriano en su contra. La compañía acudió a las cortes internacionales para defender su causa. En ese contexto, una Corte Arbitral de La Haya emitió un laudo favorable para la empresa el 7 de septiembre de 2018. Esta situación suscitó una serie de criterios en torno a la obligatoriedad en el cumplimiento de esta sentencia. El procurador general del Estado, Íñigo Salvador, participó en una entrevista en el programa ‘Hora 25’ el 9 de septiembre. En este espacio, el funcionario y el Secretario General de la Presidencia, Eduardo Jurado, analizaron la situación legal de Ecuador.
Salvador recalcó que esta es una situación muy delicada para el Gobierno, debido a que existen decisiones de la justicia local que se contraponen con la sentencia internacional. En este sentido, el Procurador reconoció que un laudo arbitral tiene valor superior al de las sentencias locales ecuatorianas; sin embargo, también enfatizó que «Ecuador no puede irse por sobre una obligación que tiene, en virtud de la Convención Americana de DDHH que exige al estado Ecuatoriano una tutela judicial efectiva».
Ecuador se adhirió a la Convención de Viena en julio del 2003. El artículo 27 de este instrumento internacional determina que «una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado». Además, el artículo 26 contiene el principio pacta sunt servanda, el cual determina que: “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”. 

Sin embargo, el artículo 417 de la Constitución señala que “los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución…”. Esto quiere decir que un laudo internacional podría convertirse en “inconstitucional” y, por tanto, quedaría sin efecto por decisión unilateral del Estado. Esta situación crea un conflicto entre las disposiciones de la Convención de Viena y la Carta Magna.

Además, el artículo 84 de la Carta Magna dispone que la «Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades…».
De acuerdo a la Enciclopedia Jurídica, un laudo arbitral es la decisión final que concluye el juicio arbitral. Este proceso implica que las partes someten la decisión de sus diferencias a uno o mas jueces privados, a los cuales se denomina árbitros. En el caso de Chevrón contra el Estado ecuatoriano, la Corte Arbitral de La Haya está constituida por tres partes: los árbitros, los representantes de la compañía y los representantes del Gobierno ecuatoriano.

En esta línea de tiempo explicamos cuál fue el recorrido de esta batalla legal desde 1993 hasta 2018:

Lo mencionado por el procurador Ínigo Salvador, de cara al cumplimiento del laudo, divide criterios. Por ejemplo, Hernán Escudero, exembajador de Ecuador y experto en Derecho Comercial Internacional, afirma que «si las partes en una controversia someten dicho litigio a un Tribunal Arbitral, ese laudo es de obligatorio cumplimiento, a menos que contradiga la Constitución del Ecuador». A criterio del exfuncionario, el Estado podrá apelar o activar el estado de nulidad, pero “pasadas esas instancias deberá hacer caso a lo dicho por el Tribunal Arbitral”.
Por su parte, Marcelo Jaramillo, exjuez internacional, sostiene que el país nunca debió formar parte del Tribunal Arbitral, debido a que existen sentencias de la justicia nacional que respaldan a los pobladores afectados. «En todo caso, existe este laudo y creo que el Estado ecuatoriano debe agotar todos los mecanismos que le permiten poner en cuestionamiento el mismo». Para el abogado, derogar la sentencia de un tribunal interno para someterse al laudo arbitral internacional es un atentado a la soberanía.
Escudero explicó que el fundamento jurídico del laudo es que el Estado ecuatoriano le negó el derecho a una defensa adecuada, por lo tanto la empresa quedó en indefensión. Esto se hizo a través de los distintos fallos de todas las instancias judiciales, incluyendo la Corte Constitucional. «Si esta hubiera admitido el recurso de protección solicitado por Chevron, el monto de indemnización que establecerá en semanas o meses el Tribunal Arbitral de La Haya hubiese sido bastante menor», añadió.
Para Jaramillo, Chevron no puede alegar incumplimiento del Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) firmado con Estados Unidos en 1997, ni tampoco del acta de liberación de responsabilidad firmada con Jamil Mahuad en 1998, porque los hechos por los cuales es judicializada ocurrieron entre 1964 a 1990. Es decir, estos acuerdos no podrían aplicarse con carácter retroactivo. «Los famosos TBI’s tienen condiciones exageradas que siempre protegen a los grandes capitales y a las transnacionales, del 100% de laudos arbitrales, ejecutados con relación a América Latina, el 93% lo gana grandes empresas y solo el 7% gana los Estados», denunció.
Eduardo Jurado, secretario general de la Presidencia, anunció que el Gobierno pedirá la nulidad de este laudo. Sin embargo, tras agotar los recursos de apelación en el Tribunal Arbitral de La Haya, el Gobierno deberá decidir si acepta o no esta sentencia. La Procuraduría General del Estado anunció el 19 de septiembre que presentará «las acciones de interpretación y nulidad del Laudo Arbitral, emitido por la Corte de La Haya en Holanda». Salvador consideró que los tribunales locales son los entes competentes competentes para conocer las acciones en torno al caso Chevron – Texaco.