El pasado 22 de noviembre se llevó a cabo la sesión 555 del Pleno de la Asamblea. En el debate se presentó el informe final de la investigación desarrollada por la Comisión Especializada Ocasional AAMPETRA’. Los legisladores detallaron los avances para sancionar los casos de violencia sexual en el sistema educativo ecuatoriano. Distintos representantes de las víctimas también expusieron sus criterios.

Silvia Salgado, presidente de la Comisión, destacó durante su discurso que en Ecuador no existe “un sistema especializado de protección de derechos de la niñez”. Además, sostuvo que el abuso en contra de niñas y adolescentes es un fenómeno que se encuentra enquistado en la sociedad, prueba de lo anterior es que la mayor parte de estos delitos ocurre en el ámbito familiar.

El Código de la Niñez y Adolescencia determina que el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (SNDPINA) “es un conjunto articulado y coordinado de organismos, entidades y servicios, públicos y privados, que definen, ejecutan; controlan y evalúan las políticas, planes, programas y acciones, con el propósito de garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia; define medidas, procedimientos; sanciones y recursos, en todos los ámbitos, para asegurar la vigencia, ejercicio, exigibilidad y restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.

El SNDPINA está integrado por tres niveles de organismos:

SNDPINA
1. Organismos de definición, planificación, control y evaluación de políticas
a) El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia
b) Los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia
2. Organismos de protección, defensa y exigibilidad de derechos
a) Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos
b) La Administración de Justicia Especializada de la Niñez y Adolescencia
c) Otros organismos
3. Organismos de ejecución de políticas, planes, programas y proyectos
a) Las entidades publicas de atención
b) Las entidades privadas de atención

Sin embargo, en la Constitución se establece que “los consejos nacionales de niñez y adolescencia, discapacidades, mujeres, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos  y montubios, se constituirán en consejos nacionales para la igualdad”. En cumplimiento de lo anterior, y tras la inscripción en el registro oficial de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, en 2014 se suprimió el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia.

Para Sara Oviedo, exmiembro del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, a través de este cambio “se abandonó la especialización en niñez y adolescencia que se había avanzado los últimos años en la mayoría de instituciones de la administración de justicia, así como en otras, como la Defensoría del Pueblo“. Para la experta, el enfoque del Gobierno en el concepto generacional está basado en una visión fisiológica del desarrollo del ser humano y en las relaciones que este pueda entablar con otros, mas no en los sujetos de derechos.

La creación de un comité especializado en los derechos de niños y adolescentes no es una idea reciente. Entre el 15 y 17 de mayo de 2018 se llevó a cabo, en la Asamblea, el Seminario Internacional ‘Legislar para proteger a la niñez y adolescencia’. El encuentro fue organizado por el Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes; los ministerios de Inclusión Económica y Social, Justicia; y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Tras el seminario, los funcionarios participantes coincidieron en la necesidad de “crear un sistema especializado para la niñez y adolescencia, así como para los otros grupos de atención”. Para la Unicef, es indispensable que se aplique el principio del interés superior sobre los niños y adolescentes; es decir, que estos grupos “sean considerados como sujetos de derechos, y no objetos, y que ante cualquier medida que los afecte se tome la mejor decisión”.

La organización internacional concluyó que es fundamental que las instituciones que conforman los sistemas de protección trabajen de manera coordinada para promover derechos, garantizarlos a través de servicios, defenderlos y repararlos, en caso de vulneración. Para que el sistema funcione de forma adecuada, se deberá contar con un órgano rector, presupuesto, mecanismos de monitoreo y evaluación y ser descentralizado.

Nicolás Reyes, secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, admitió que es importante mantener esfuerzos por codificar integralmente la normativa dispersa, con la finalidad de “pasar a un segundo nivel: fortalecer la protección y garantía de derechos, especialmente a los grupos de atención prioritaria”.

Virginia Gómez de la Torre, presidente de Fundación Desafío, coincide con lo mencionado por la legisladora Salgado. Para la doctora, aunque se desarrollaron juntas cantonales de Protección de Derechos, el trabajo es insuficiente. “No existen en todos los cantones y muchas funcionan de forma precaria”. La experta añadió que el fortalecimiento de estos órganos, creados para garantizar los derechos de grupos prioritarios, va en relación  directa con la voluntad política de las autoridades locales. Afirmó que una prueba de que no existe un sistema integral e integrado para la protección de niñas y adolescentes es que estos viven situaciones de violencia dentro y fuera de sus hogares de forma permanente.