El vicepresidente Otto Sonnenholzner renunció al cargo después de un año y medio de gestión. El empresario asumió el mandato el 11 de diciembre de 2018. Antes que él, María Alejandra Vicuña (acusada de exigir aportes económicos y con medidas cautelares) y Jorge Glas (sentenciado a 6 años de cárcel por el caso Odebrecht) ocuparon ese cargo .
Durante un enlace de 13 minutos, la mañana de este 7 de julio Sonnenholzner reiteró que renunciaba a los derechos, pensiones “y cualquier tipo de beneficio a los que la Ley me hace acreedor como exvicepresidente”. Agregó que esos recursos deben ponerse “en beneficio de los más necesitados”.
Lo expuesto por el ahora exmandatario no tiene sustento legal. Él no tiene derecho a pensión vitalicia, por ello no puede renunciar a ese derecho. La Ley Orgánica del Servicio Público (Losep), en su artículo 135, determina que “se fija una pensión vitalicia mensual equivalente al 75 % de la remuneración vigente ($4.800) a favor de las y los señores exPresidentes y Vicepresidentes Constitucionales de la República, que sean elegidos constitucionalmente por votación popular y se hayan posesionado en el cargo, se exceptúan los mandatarios a quienes se les revoque el mandato”.
Ni Otto Sonnenholzner ni María Alejandra Vicuña, su predecesora, cumplen el requisito de haber sido elegidos por votación popular, sino que fueron seleccionados de una terna, propuesta por Lenín Moreno, una vez que Glas tuvo que abandonar el cargo. La primera ocasión que la polémica en torno a una posible pensión para una autoridad no electa por voto popular saltó fue en diciembre de 2018 tras la renuncia de Vicuña.
En ese momento Ecuador Chequea publicó una verificación sobre la imposibilidad legal de que la exvicepresidente reciba este beneficio. Sucede que en un decreto presidencial firmado el 3 de mayo de 2017, el entonces presidente Rafael Correa reformó el artículo 3 del Decreto Ejecutivo 418, de julio de 2010. A través de esa modificación estableció que, además del primer mandatario y las autoridades principales del país, «es un deber del Estado ofrecer un esquema de seguridad a los expresidentes y exvicepresidentes constitucionales de la República».
De acuerdo al Gobierno el objetivo era «asegurar una transición adecuada hacia su vida personal y familiar luego del referido ejercicio». Por eso, decretó proporcionar, de ser necesario, la protección y seguridad a los expresidentes y exvicepresidentes de la República, sus cónyuges e hijos, por periodos de un año y seis meses, respectivamente.
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Tras conocer la renuncia de Sonnenholzner, en un plazo de 15 días, el presidente Lenín Moreno deberá remitir a la Asamblea Nacional una terna de elegibles para que, con el voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno, se designe al nuevo vicepresidente de la República.