Prevenir la corrupción será la principal misión de la ‘Estrategia Nacional’ presentada ayer al país. En medio del escepticismo y un bajísimo entusiasmo, la Secretaría que dirige Luis Verdesoto tiene el reto de demostrar que puede ser independiente del Gobierno que la creó.
POR: Arutam Antunish Cárdenas
El secretario de Política Pública Anticorrupción, Luis Verdesoto, presentó ayer la denominada ‘Estrategia Nacional Anticorrupción’. El texto fue entregado al presidente, Guillermo Lasso, en un hotel de Quito.
La Secretaría de Política Pública fue creada por Lasso mediante el decreto ejecutivo 412, el 3 de mayo, y Verdesoto, exvocal del Consejo Nacional Electoral, fue escogido por el primer mandatario para que tomara las riendas de esta nueva institución.
Esta no es la primera secretaría que se crea para enfrentar este mal que aqueja a la administración pública. Durante el Gobierno de Lenín Moreno también se puso en marcha un proyecto similar. Dicho organismo no tuvo éxito y, finalmente, Moreno la cerró. ¿La apuesta de Lasso es la salida?
La Secretaría debe encargarse de la “coordinación, gestión, seguimiento y evaluación de la implementación de la política de integridad pública y anticorrupción”, según el secretario. Para ello, se le atribuyó el diseño de una estrategia nacional. Ese es el texto que fue entregado hoy al Presidente de la República.
Verdesoto comentó que los lineamientos generales de esta política fueron sometidos a consulta ante distintos segmentos de la población, como la sociedad civil, organismos no gubernamentales, academia, gremios y bancadas de la Asamblea.
Para desarrollar esta estrategia se enfatizó en “los mecanismos de prevención, la identificación y gestión de áreas de alto riesgo de corrupción con el objetivo de generar alertas tempranas y mitigar riesgos”, indicó el Secretario.
Como resultado, la estrategia tiene nueve líneas puntuales de trabajo:
- Concienciación: enfocada en crear confianza en las instituciones estatales, incentivar la denuncia e, incluso, acompañar una reforma a la malla curricular, encaminada en la apropiación de principios y valores.
- Responsabilidad compartida: se fomentará la acción colectiva para que la lucha no se reduzca al Estado. Por ejemplo, formar alianzas con la sociedad civil, como la Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción.
- Lucha focalizada en escenarios críticos: se identificaron 10 áreas de alto riesgo de corrupción: petróleo, energía, minería, telecomunicaciones, obras públicas, seguridad social, salud, inclusión social y financiamiento. Para este fin se elaborará una metodología para la gestión de riesgos de corrupción.
- Prevención y trámite efectivo sobre conflictos de intereses: para lograr imparcialidad en la toma de decisiones, se plantea la obligatoriedad de evitar conflictos de intereses de los funcionarios y dar trámite a estos casos.
- Transparencia en el gasto público: se pretende establecer la gestión de la calidad del gasto en la agenda técnica pública, mediante metodologías que usarán macro-datos.
- Desarrollo de capacidades: se plantea orientar y capacitar a funcionarios de las instituciones para la identificación y gestión de riesgos.
- Contratación pública responsable y transparente: se espera implementar controles internos y externos, además, una opción sería usar la contratación electrónica.
- Prevención de corrupción transnacional: con esta iniciativa se prevé detectar delitos de corrupción en el comercio internacional. Además, el Gobierno buscará formar escudos frente a las nuevas modalidades de corrupción a gran escala.
- Aplicación de tecnologías: por último, la Secretaría le apuesta al uso de tecnologías, como el Blockchain, para detectar la corrupción a gran escala.
Verdesoto explicó que esta estrategia se enfocará en la prevención de la corrupción, más no en la sanción. “La secretaría será profundamente respetuosa con las competencias de la Fiscalía’,’ indicó. “La Secretaría no será ni la Fiscalía dos, ni la Contraloría dos”, añadió el secretario. Sin embargó, sí apoyarán a las funciones de estas instituciones para que aceleren los procesos.
Además, Verdesoto indicó que para preservar la autonomía frente al Ejecutivo, se aplicarán estrategias para identificar conflictos de intereses por parte de funcionarios de instituciones.
El secretario también manifestó que inicialmente se identificaron 30 instituciones con alto riesgo de corrupción, aunque estas no se determinaron con base en la identificación de actos corruptos.
Por su parte, en su intervención, Guillermo Lasso indicó que “la corrupción roba el futuro del país, por eso debemos luchar contra ella. Me llena de orgullo que en mis casi 14 meses de gestión no se haya registrado ni una sola denuncia de corrupción en contra del Gobierno”.
Además, explicó que esta estrategia “nos dice cómo afrontar el problema de la corrupción y cómo adoptar medidas de prevención. No sólo es cuestión de castigar la corrupción, es necesario trabajar en prevención”. “(Los sentenciados por corrupción) cumplen el castigo y luego viven felices con el dinero mal habido”, manifestó Lasso.
El análisis
Para Paco Moncayo, exasambleísta y exalcalde de Quito, crear una estrategia es necesario “para atacar el mal mayor, que tiene así a nuestro país”. Sobre todo, enfatiza, ahora se vive bajo una amenaza del narcotráfico, “por eso es más importante que nunca tener un sistema de combate a la corrupción”.
Respecto al enfoque de la Secretaría, Moncayo indica que “el tema de prevención es fundamental, pero la prevención no es suficiente”. “Desde la misma Secretaría deben presentar la denuncia y hacer el seguimiento”, añade.
Angélica Porras, exvocal del Consejo Nacional de la Judicatura Transitorio, es más crítica. Indica que “este plan busca enfrentar el tema de la corrupción desde el resultado”. “Es una visión superficial que sólo quiere atacar la consecuencia, y no atiende ni a sus orígenes”.
Moncayo opina que la Secretaría anticorrupción “debe ser una entidad completamente autónoma” porque siempre habrá el riesgo de que, por conflicto de intereses, “no se mida con la misma vara a todo el mundo”.
Porras coincide con esa visión. “Ese ha sido el problema desde hace mucho tiempo. Las secretarías anticorrupción siempre han tenido esta dificultad porque han sido relacionadas con el Ejecutivo”, explica.
“Cuando ocurren o cuando surgen problemas de corrupción del Ejecutivo o del propio Presidente o ministros, no sólo hay un conflicto de intereses, lo que ha ocurrido normalmente es que esos casos no salen a la luz”, enfatiza la jurista.
El exalcalde cree que, al ser esta una idea que ya ha sido proyectada y desarrollada por otros gobiernos y no han tenido mucho éxito, esta secretaría no será diferente. “Yo no tengo augurios muy positivos, porque todos los gobiernos han planteado lo mismo, no ha habido éxito en las comisiones anticorrupción que son vinculadas al ejecutivo”, menciona.
Asimismo, Porras cree que esta política y secretaría desaparecerán, “porque no hay recursos o no hay la voluntad política del Presidente para destinar los recursos necesarios para implementar este plan”.
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