¡Ojo! Libertad no quiere decir inocencia. El exvicepresidente tiene tres sentencias por corrupción, dos de ellas ejecutoriadas (en firme) y una en apelación, que se mantienen, pese a la cuestionada libertad que un juez de Manglaralto le otorgó.
Jorge Glas, exvicepresidente de la República con tres sentencias en su contra por corrupción: dos en firme o ejecutoriadas y una en apelación, está libre gracias a un hábeas corpus que dictó a su favor Javier Moscoso, juez de Manglaralto, localidad de Santa Elena.
Glas ha sido sentenciado por hechos de corrupción durante el ejercicio del poder que ostentó en el Gobierno de Rafael Correa —también sentenciado por corrupción y prófugo de la Justicia—. Una vez obtenida la libertad, tiene prohibido salir del país y deberá presentarse el primer lunes de cada mes en la Unidad Judicial de Guayas.
Su abogado, Édison Loaiza, aseguró que interpuso el recurso legal luego de los incidentes que se presentaron en la cárcel de Cotopaxi —donde Glas estaba detenido—, por lo que el juez consideró que su condición física y mental corría peligro y dictó el hábeas corpus.
El Servicio Nacional de Rehabilitación Social (SNAI) apeló la decisión del juez, asegurando que no era competente, en función del territorio, para conocer y resolver la acción constitucional; sin embargo, ejecutó la resolución judicial. La apelación deberá ser conocida por la Corte Provincial de Santa Elena.
Un fallo polémico
Correístas como Pabel Muñoz y Fausto Jarrín, los dos asambleístas, han asegurado que Glas era un rehén político, ya que fue condenado sin pruebas y que se ha hecho justicia con el hábeas corpus concedido.
Sin embargo, al constitucionalista y experto en materia penal Leonardo Tipán le llama la atención que se haya otorgado la medida existiendo de por medio sentencia ejecutoriada. Aclara, además, que en materia constitucional, conforme al artículo 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, la acción de hábeas corpus tiene el objeto de proteger la libertad, la vida, la integridad física y otros derechos conexos de un preso. “El juez tuvo una negligencia al haber aceptado ese hábeas corpus”, dijo el experto.
Aseguró que en el caso de Glas su orden de prisión no era arbitraria ni ilegítima, porque tiene sentencia ejecutoriada, por lo que no se cumplieron las condiciones para que se le otorgara la medida. Agregó que en ningún caso el hábeas corpus significa que Glas sea inocente o que se le exima de responsabilidad de los hechos de corrupción por los que fue sentenciado.
En la apelación que interpone el SNAI, se cita una sentencia de la Corte Constitucional en la que establece que el hábeas corpus se puede otorgar cuando se alegue la vulneración de cualquiera de los derechos, como la libertad, la vida y la integridad física; cuando no existe orden de privación de libertad, o cuando no se encuentre en ejecución la sentencia, entre otros casos. Por lo que se entenderá competente para tramitarlo cualquier juez del lugar donde se presuma que está detenida la persona. Sólo cuando se desconozca el lugar donde está detenido se podrá presentar la acción ante el juez del domicilio del accionante, en este caso de Glas. Pero era público que el exvicepresidente estaba detenido en la cárcel de Cotopaxi.
El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, en entrevista a Teleamazonas, ratificó que el hábeas corpus no pone en duda las sentencias ejecutoriadas. “Hay que puntualizar que Glas tiene dos sentencias ejecutoriadas. Por asociación ilícita y por cohecho, resueltas por la Corte Nacional de Justicia. Sentencias firmes ejecutoriadas en las que se determinó, entre otras cosas, actos reñidos con la Ley. Que el país no se confunda; la Justicia del país, cuando hay delito, no permite impunidad”, dijo en ese espacio.
La corrupción
Estos son los dos casos en los que Jorge Glas ha sido sentenciado en última instancia y que demuestran, según los fallos judiciales, que incurrió en actos de corrupción con sentencia en firme. Más el caso Singue, donde también ha sido sentenciado, pero aún está en apelación.
CASO ODEBRECHT
Fue un caso de corrupción a escala internacional —que tuvo su capítulo en Ecuador—, en el que la principal protagonista fue la constructora brasileña Odebrecht. En el caso del país, los grandes protagonistas de la corrupción fueron Jorge Glas, a la época de los hechos Ministro de Sectores Estratégicos; y su tío, Ricardo Rivera, ya fallecido.
El caso se remonta a diciembre de 2016 cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que la constructora brasileña había manejado un esquema de sobornos a funcionarios de varios países.
En Ecuador, entre el 2007 y el 2016; es decir, durante el Gobierno del pródigo expresidente Correa, la empresa desembolsó, según las investigaciones, sobornos por 33,5 millones de dólares a funcionarios del régimen para adjudicarse varios proyectos. Glas recibió unos 13,5 millones de dólares en sobornos para adjudicar contratos cuando era ministro, entre el 2010 y el 2012.
El 3 de junio de junio del 2017 se realizó la audiencia de formulación de cargos y el 29 de agosto del mismo año se vinculó al proceso a Jorge Glas, a esa fecha vicepresidente de la República por Alianza PAIS.
En el proceso se comprobó que Odebrecht utilizó un esquema de corrupción en el ámbito de la contratación pública, para ser adjudicataria de numerosos proyectos. Sus empleados y representantes se asociaron con servidores públicos, intermediarios y particulares, a quienes les habrían entregado gratificaciones por la información privilegiada ofrecida a la empresa respecto de los contratos y por la emisión de informes por parte de la autoridad de control, en relación a las contrataciones.
El 13 de diciembre del 2017, Glas fue hallado culpable por el delito de asociación ilícita y el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) lo sentenció a seis años de prisión. La sentencia fue ratificada el 8 de junio del 2018, cuando se negó la apelación que interpuso.
El 17 de octubre del 2019 el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia ratificó la condena contra el exvicepresidente por el delito de asociación ilícita, con lo que la sentencia quedó en firme.
CASO SOBORNOS
Fue un caso de corrupción, que involucró al entonces presidente Rafael Correa, a su vicepresidente Jorge Glas y a altos personajes de ese Gobierno, como Alexis Mera, Vinicio Alvarado y María de los Ángeles Duarte.
Correa y Glas, entre otros procesados, fueron declarados autores de instigación para cometer el delito de cohecho, por lo que fueron condenados a ocho años de prisión. La Fiscalía demostró aportes irregulares que efectuaron contratistas del Estado, a través de dinero en efectivo o cruce de facturas, en beneficio de Alianza PAIS, para impulsar su campaña política electoral.
Durante el juicio, la fiscal general, Diana Salazar, manifestó que en lo más alto de la esfera del poder había una estructura de captación irregular de dinero, liderada por Correa y que se evidenció la entrega y recepción de sobornos por parte de varios empresarios, con lo que se probó la existencia del delito. El líder del esquema era Correa, quien designó como ministros o secretarios de Estado a personas de su absoluta confianza, entre ellos Glas. El objetivo era asegurar la promoción, propaganda política y funcionamiento de Alianza PAIS, así como de sus principales directivos y candidatos, con dinero obtenido a través de sobornos, provenientes de empresas privadas a las que se les adjudicaron contratos de obra pública y convenios de pago.
El 3 de septiembre del 2020 se instaló la audiencia de casación y el 7 del mismo mes y año se ratificó la sentencia, con lo que la misma quedó en firme.
CASO SINGUE
De los tres procesos en contra de Glas es el único en el que aún no tiene sentencia firme. En agosto del 2017, tras un informe de la Contraloría sobre el contrato de exploración y explotación del bloque Singue, la Fiscalía inició una indagación previa. El 13 de marzo del 2019 formuló cargos contra Glas y nueve personas más, por el delito de peculado, ya que se reveló una serie de irregularidades en la negociación y firma de contrato de prestación de servicios entre el Estado y el Consorcio DGC, integrado por Dygoil y Gente Oil Ecuador.
El 25 de enero del 2021 se dictó sentencia en su contra, a ocho años de prisión. Jorge Glas y otros sentenciados han apelado la sentencia, cuya audiencia está convocada para el 11 de mayo.
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